Luis Enrique Quintero
María Teresa Castro Corro, secretaria de Planeación y Finanzas del Estado, ratificó este lunes que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta responderá por la enorme deuda de más de 44 mil millones de pesos que heredaron anteriores gobiernos incluidos los compromisos por obras de la gestión del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
Durante entrevista de prensa concedida al mediodía día de ayer después de la visita del embajador de China a Casa Aguayo, evento encabezado por Barbosa Huerta, Castro Corro aclaró que, sin embargo, la actual administración estatal hará una reestructuración de todas las obligaciones de pago, a fin de generar mejores condiciones financieras.
La titular de Finanzas señaló que, tal como lo reveló Luis Miguel Barbosa durante su primer mensaje como gobernador de Puebla, la deuda actual del estado asciende a 44 mil millones de pesos, pero el desglose puntual se dará a conocer en las próximas semanas para a conocer a detalle cómo dejaron las arcas públicas del estado.
Precisó que la elevada suma abarca la deuda pública que el estado tiene con instituciones bancarias, convenios generados en anteriores gobiernos, laudos, adeudos a proveedores así como los compromisos de obras construidas durante la gestión de Moreno Valle a través de los esquemas de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) y Asociación Público Privada (APP).
Dijo que estas últimas son el Centro Integral de Servicios (CIS), el Museo Internacional Barroco (MIB) y las plataformas de la ensambladora automotriz Audi, de las cuales el saldo pendiente de pago es de mil 640 millones 756 mil 586 pesos, según el informe financiero del gobierno del estado con corte al mes de junio.
María Teresa Castro reconoció que no es posible desentenderse de los pagos, pues son contratos que fueron firmados con un marco legal y sería “irresponsable” incumplir con los mismos, pero sí es posible efectuar una renegociación de la deuda para encontrar mejores condiciones de pago y que así no se afecten las finanzas estatales.
De manera textual apuntó “hay obligaciones contractuales, convenidas, firmadas con contratos o convenios correspondientes, con un acto legal, que el gobierno no puede tomar esa decisión, sería una forma irresponsable de hacerla, se tiene que hacer un estudio para renegociar, reestructurar y buscar las mejores condiciones, si algo nos ha pedido el gobernador, es finanzas responsables y en equilibrio”.
Separó que no todos los compromisos de pago están tipificados como deuda. Un ejemplo de ello son pagos pendientes a proveedores desde 2017 con los cuales el estado debe cumplir.
Sobre la deuda heredada y que no está “oculta”, informó que la deuda pública del gobierno de Puebla, con corte al mes de junio, asciende a 5 mil 222 millones 783 mil 466 pesos, contraída con Bancomer.
También hay otro monto por 1 mil 563 millones 494 mil 932 pesos que se conoce como “deuda contingente” que corresponde al SOAPAP, aunque hoy es a la empresa “Concesiones Integrales” (Agua de Puebla).
El informe financiero también contempla 13 mil 797 millones 299 mil 348 pesos etiquetados como “otros pasivos”, para sumar 20 mil 597 millones 577 mil 746 pesos.
Por los contratos APP y PSS, la administración estatal tiene pendiente por pagar 6 mil 640 millones 756 mil 586 pesos, de un total de 8 mil 194 millones 940 mil 86 pesos.
Por la construcción de las plataformas de Audi, en diciembre de 2012, el estado contrajo obligaciones financieras por 5 mil 79 millones 315 mil 613 pesos de los que aún están pendientes 4 mil 131 millones 20 mil 870 pesos que equivalen al 81.3 por ciento del total.
Por el MIB, que fue edificado en 2014, la administración estatal generó obligaciones por 1 mil 742 millones 945 mil 414 pesos, de los que aún están pendientes 1 mil 742 millones 945 mil 414 que equivalen al 85 por ciento de la cifra total.
Sobre el CIS, el gobierno poblano aún debe 1 mil 15 millones 782 mil 504 pesos que representan el 74 por ciento de los 1 mil 372 millones 679 mil 059 pesos que firmó el gobierno de Moreno Valle, quien heredó tan gigantescas deudas.
