Inadmisible que la ley proteja a los infractores de la misma.
Es lo que está pasando con los concesionarios del transporte que se rehúsan a cumplir acuerdos signados con el Gobierno del Estado, referentes a mejorar las condiciones del servicio y al fortalecimiento de la seguridad de los usuarios.
Ya se ampararon violentando negociaciones legales.
No podía ser de otra forma, al fin y al cabo son liderados por Arturo Loyola González, el perredista que sirvió a Rafael Moreno Valle, Antonio Gali Fayad y se aprestaba a cobrar favores a Martha Erika Alonso. Fue de los que lloraron por aquel 24 de diciembre de 2018, pero no por la tragedia, sino porque se vería disminuido en sus canonjías políticas y económicas.
Junto con el ex Alcalde de Huachinango, Carlos Martínez Amador, no tuvo empacho Loyola en pronunciarse a favor del farsante “panista” Enrique Cárdenas Sánchez para ganar la gubernatura a Miguel Barbosa Huerta.
¿En qué momento Arturo Loyola se convirtió en representante de la Coordinadora Estatal del Transporte Público?
¿Cómo es que se hizo empresario teniendo a su favor, mediante prestanombres, concesiones de taxis?, preguntan los enterados.
¿Los actores de la política saben la trayectoria del famoso “Sapo”?
Los transportistas, ahora bajo su liderazgo, presionaron en aras de aumentar 2 pesos al pasaje.
Se les concedió bajo las condiciones referidas, advertidos en las cláusulas que de no cumplir en el plazo establecido, se retirarían las unidades, incluidas con mayor razón aquellas identificadas como “piratas”.
El rechazo ciudadano a la medida de pagar más fue sofocado con la certeza de que el transporte sería modernizado en todas sus rutas.
A sabiendas del perjuicio a la economía de las familias poblanas, principalmente a las menos favorecidas, el gobierno corrió el riesgo y confió en el acuerdo, que ahora es rechazado por la Coordinadora Estatal, no sólo porque no hay seriedad ni compromiso social, sino porque este es el pretexto perfecto para seguir combatiendo a la administración de Miguel Barbosa.
