Luis Enrique Quintero
Lejos de cumplir con la función de brindar vigilancia y resguardar fraccionamientos residenciales e industrias, muchas empresas de seguridad privada que operan en Puebla se han convertido en un verdadero peligro. Hay 202 en la mira del gobernador Miguel Barbosa.
En consecuencia, el Gobierno del Estado ya suspendió los servicios de cuatro de estas agencias (para empezar) por no cumplir con controles de confianza, licencias colectivas de uso de armas y por no reportar el número de su estado de fuerza.
Entre las empresas dadas de baja se encuentran SEPRO Seguridad Privada, presuntamente propiedad del al ex presidente municipal de Puebla y ex gobernador “interino”, Tony Gali Fayad; ERI Equipos de Respuesta Inmediata S.A., de Adolfo Karam Beltrán, quien fue jefe de la Policía Judicial durante el gobierno de Mario Marín y actualmente prófugo de la ley, por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.
Figuran también C.E.E.P. S.A., ligada al ex secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, así como REZGON Seguridad Privada S.A., presumiblemente propiedad de Manuel Alonso García, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.
Al respecto, el gobernador Barbosa informó que se efectuará una revisión a sus permisos para operar y, además, acusó que los guardias son utilizados para cometer abusos.
Preciso: “cuidan un fraccionamiento y están a disposición de los dueños para cometer abusos, ya no son la empresa que da seguridad privada a lugares, los llevan a los elementos como escoltas privados para hacer algo específico”.
Concretamente la empresa de seguridad privada ERI, actualmente brinda servicio al Ayuntamiento de Puebla y es una de las cuatro que fueron suspendidas, sin embargo, aún no le ha informado acerca del decreto emitido, por lo que el gobierno de la capital está a punto de rescindir el contrato.
